La Fiscalía de la ciudad española de Barcelona solicitó una pena de ocho años y dos meses de cárcel y una multa de 23,8 millones de euros para la cantante colombiana Shakira, acusada de seis delitos contra la Hacienda pública por defraudar 14,5 millones de euros entre los años 2012 y 2014, simulando que no residía en España.
El ministerio público presentó este viernes su escrito de acusación ante la Justicia catalana, después de que la artista rechazara el pasado miércoles el último acuerdo de la Fiscalía para rebajar las penas y evitar el juicio.
Shakira ya devolvió los 14,5 millones que le exigía la Agencia Tributaria y otros tres de intereses, por lo que se le ha aplicado la atenuante muy cualificada de reparación del daño para reducirle la pena, que podría ascender hasta seis años de prisión por cada delito.
Como ninguna de las penas solicitadas supera los dos años de cárcel y carece de antecedentes, en caso de una eventual condena Shakira podría beneficiarse de una suspensión de la sanción y evitar entrar en prisión.
Para evitar tributar en España, añade la Fiscalía, Shakira «utilizó un entramado societario», con sede en las Islas Vírgenes Británicas, Islas Caimán, Malta, Panamá y Luxemburgo, con el fin de ocultar su renta y su patrimonio.
La Fiscalía sostiene que el «plan» de la cantante consistía en que sus empresas figurasen formalmente como titulares de las rentas, mientras que ella solo constaba «en último lugar y algunas sociedades radicadas en paraísos fiscales» a las que fueron a parar la mayor parte de sus ingresos.
Asimismo, asesorada por varios profesionales, los años 2008, 2012 y 2013 la cantante llegó a acuerdos con las autoridades fiscales de Luxemburgo, los denominados Tax Ruling, «para fijar unas condiciones específicas y privilegiadas de tributación» en estos años, mantiene la Fiscalía.
Esos acuerdos, según el ministerio público, dieron pie a una «mínima tributación fiscal», de tan solo el 2 % de la renta bruta generada, permitiendo transferir a sociedades o cuentas de la cantante el grueso de sus ingresos.
La Fiscalía mantiene que los últimos acuerdos Tax Ruling los suscribió cuando ya vivía de manera habitual en España, pero «en ningún momento puso en conocimiento de las autoridades tributarias españolas dichos acuerdos».
El equipo legal de la cantante ha mantenido conversaciones con las acusaciones para alcanzar un pacto, pero el pasado miércoles Shakira rechazó la última oferta y emitió un duro comunicado en el que criticaba la «persecución» a que la sometía Hacienda y la «intransigencia» de la Fiscalía durante todo el proceso.
No obstante, la artista aún dispone de tiempo para pactar con las acusaciones hasta el momento de sentarse en el banquillo.
